La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada es una corporación científica de Derecho Público con ámbito de actuación en las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga y la ciudad autónoma de Melilla, cuyos fines son el cultivo y la investigación científica y práctica del Derecho, en su contexto social y cultural, en orden al desarrollo de las diferentes disciplinas jurídicas, así como lo relativo al estudio e investigación de los organismos e instituciones, actuales o históricos, de su ámbito territorial y su divulgación.
Tradicionalmente, la referencia más antigua sobre la Academia de Jurisprudencia Práctica, como se llamaba en sus inicios, es la reflejada en el Libro Oficial de Actas del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. El Acta de 10 de enero de 1772 dice que se nombra Presidente de la Academia a don Manuel Antonio de Sicilia, Decano de 1771. Pero en el Archivo Histórico de la Real Chancillería de Granada se guarda un documento, obrante en el expediente de incorporación como abogado de Domingo de Orejón y Haro, consistente en un certificado del año 1745, firmado por Francisco Sánchez Navas que señala que dicho aspirante ‘ha concurrido a la Academia de Práctica que presido’. Probablemente la Academia existía con anterioridad, si bien se carece de referencias hasta el momento, pudiendo estimarse este período como su primera etapa.
En 1795 se produjo un altercado estudiantil de destrozo de los papeles y archivo académico y el Colegio suspendió la Academia. El motín pudo tener su causa en el Decreto de Carlos IV de limitar el número de abogados y dificultar el acceso a la profesión con duras pruebas y exámenes. En efecto, el 30 de septiembre de 1794, Carlos IV firma un Decreto por el cual se limita el número de abogados que pueden ejercer en la Corte, Audiencias y Chancillerías, y a la vez se produce un endurecimiento ante los tribunales, al realizar los exámenes y prácticas profesionales; ello supone dejar a los alumnos de la Academia, aspirantes a letrados, con muy pocas expectativas de futuro. Algunos historiadores cuentan que el citado Decreto se basó en un informe de Godoy, el favorito real, que decía: «Un tercio de los abogados viven con holgura, otro tanto a duras penas y el resto no sabe realmente cómo».
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